MERCOSUR

Políticas de Juventudes en el MERCOSUR

Las políticas públicas de juventudes en la región han consumado, en las últimas tres décadas, un proceso que se inició entre los años 1950 y 1980, cuando los países de la región concentraron sus esfuerzos en la universalización de políticas sociales en búsqueda de una mayor sostenibilidad del desarrollo. En este período, la educación cobró vital importancia, permitiendo –a través de una ampliación de la cobertura sobre todo en Argentina y Uruguay– el acceso masivo de jóvenes de sectores medios y bajos al sistema educativo, fortaleciendo la heterogeneidad en la composición del estudiantado.

 

El impacto de la educación, sumado a la  aparición de las industrias culturales y la masificación de la televisión, trajo consigo una nueva preocupación por parte de las instituciones respecto del uso del tiempo libre de los jóvenes, orientando los programas – deporte, recreativos, campañas preventivas en diferentes áreas de la salud– a integrarlos al proceso de modernización. Las políticas de las décadas de ‘60 y ‘70 quedaron marcadas por acciones de control y represión juvenil. La presencia de gobiernos autoritarios en todos los países de la región llevó a los jóvenes a reunirense en torno a la lucha contra los autoritarismos, la construcción de la democracia y el reclamo por los derechos humanos.

 

En los ‘80, considerados como “la década perdida” para América Latina, la crisis económica implicó fuertes reducciones del gasto público social, poniendo bajo la lupa a los  grupos de jóvenes que habían quedado tradicionalmente excluidos de las políticas sociales universales. Los programas y acciones promovidas en este período revistieron un carácter de contención de los sectores más desfavorecidos.

 

En ese contexto, comienzan a pensarse a adolescentes y jóvenes como destinatarios de políticas sectoriales. Impulsadas por las Naciones Unidas, las iniciativas dirigidas a los jóvenes dan sus primeros pasos en 1985, el Año Internacional de la Juventud, pero será recién en 1992 que 22 países de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal, se reunirán para crear la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), cuyo objetivo principal es el de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes de la región y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento de las instituciones gubernamentales de juventud, fomentar la cooperación entre los Estados, organismos no gubernamentales, organizaciones de jóvenes y actuar como organismo de consulta en materia de juventud.

 

Recientemente, la OIJ ha declarado haber iniciado un proceso de transformación que la llevó a constituirse como el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. El mandato sigue siendo el mismo, pero con esta renovación se busca fortalecer el papel de la institución en su contribución a los procesos de satisfacción de las necesidades de las personas jóvenes en Iberoamérica y de desplegar su potencial como agentes de cambio y transformación de la región hacia sociedades inclusivas, solidarias y en paz. Un hito importante está marcado por la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, único tratado internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005. Esta Convención entró en vigor el 1º de marzo de 2008. Considerado el primer instrumento jurídico de carácter internacional que reconoce los derechos de los jóvenes –norma legal de carácter vinculante para los Estados que la han ratificado–, se constituye un documento orientador con enfoque de derechos para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud.

 

En 2008, las y los presidentes de los países miembros de la XVIII Cumbre Iberoamericana suscribieron el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud 2009-2015, cuyo principal objetivo buscó potenciar y fortalecer las actuaciones de cooperación entre los Estados, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil para mejorar las políticas de juventud en la región iberoamericana y el ejercicio de ciudadanía.

 

En esa dirección, entre los alcances y resultados que se pretendían obtener se reconoce la necesidad de dar inicio a un proceso de cooperación multilateral en el desarrollo de políticas de juventud en la región y de rescatar la importancia de los actores implicados, especialmente el protagonismo de los propios jóvenes, fomentando su acercamiento al ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la juventud. Para ello, la estrategia se centraba en fortalecer y consolidar las políticas públicas de juventud a través de acciones afirmativas en los países de la comunidad iberoamericana a favor de la juventud (OIJ, 2009).

El 18 de julio de 2006, se crea en MERCOSUR la Reunión Especializada de Juventud (REJ), que concentra sus esfuerzos en brindar asesoramiento técnico en temas como trabajo decente, educación, cultura, diversidad, entre otros.

En concordancia, en el MERCOSUR, al institutirse el MERCOSUR Social, integrado intersectorialmente por diferentes ministerios vinculados con los asuntos sociales, se incluyó el tema de la juventud entre sus principales prioridades, estableciendo como tareas: promover el diálogo, la elaboración, cooperación y fortalecimiento de políticas juveniles en el ámbito de MERCOSUR, con el objetivo de impulsar un mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes. El 18 de julio de 2006, en el marco de la Reunión XXXI del Grupo del Mercado Común (GMC), se crea en Córdoba, por medio de la Resolución GMC Nº 39/06, la Reunión Especializada de Juventud (REJ), que está integrada por los representantes gubernamentales a cargo de las políticas públicas de juventud de los Estados Parte20. La REJ concentra sus esfuerzos en brindar asesoramiento técnico en temas como trabajo decente,  educación, transporte público, producción y acceso a la cultura, diversidad, ambiente sustentable, salud y voluntariado.

 

Los avances realizados por los Estados Parte del MERCOSUR en el seno regional en general se corresponden con los propios procesos desarrollados en términos nacionales. La existencia de organismos o dependencias oficiales de juventud y de diferentes documentos de política pública de juventud aprobados en prácticamente todos los países reflejan los esfuerzos plurisectoriales por posicinar el tema y las sucesivas respuesta de los Estados. Si bien la existencia de planes y programas específicos de juventud se manifiesta en el recorrido de todos los países, son las políticas sectoriales las que han generado un mayor impacto en las poblaciones jóvenes, restando aún trabajar en una mayor articulación y transversalidad. La heterogeneidad de los recorridos de cada país requiere un balance del desempeño registrado en las últimas décadas.

 

Políticas de Juventudes actuales

El actual desarrollo de las políticas de juventudes a nivel regional evidencia la coexistencia de distintos enfoques de políticas públicas. La experiencia de los últimos 30 años deja entrever dos grandes grupos de políticas públicas para la juventud en los Estados Parte fundadores del MERCOSUR: las políticas sectoriales de juventud, que mayormente han sido desarrolladas bajo el paradigma que comprende a los jóvenes como un “grupo de riesgo”, como es el caso en Paraguay y, en su primera década, Argentina también. Y por otro, la necesidad de dar respuestas más integradas y sostenidas a cargo de los organismos gubernamentales de juventud.

 

Históricamente, Brasil e Uruguay han tenido, en perspectiva histórica, un enfoque de derechos; mantenerlo se convierte en un desafío para las nuevas gestiones, considerando además la coyuntura que impone la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias a mediano y largo plazo aún se desconocen. Si bien en los cuatro países se han hecho muchos esfuerzos en términos institucionales, aunque intermitentes y discontinuos, es evidente que aún queda un camino hacia la consolidación de instituciones que ejerzan rectorías vinculantes bajo objetivos y estándares comunes. Al mismo tiempo es necesario reconocer que la sola existencia de una institucionalidad rectora no garantiza el enfoque de derechos y la inversión social en políticas de adolescencia y juventud que tomen en cuenta todas las particularidades de su ciclo de vida. En términos de políticas, planes y programas, a pesar de los esfuerzos, se advierte que la elaboración y ejecución de estos ha acompañado las fluctuaciones de procesos económicos, sociales, políticos y culturales de los países miembros en los últimos 30 años. 

 

Modificando, según los mandatos gubernamentales, las áreas temáticas y presupuestos asignados, generando impactos de corto plazo y discontinuidad. Es fundamental reconocer también los esfuerzos que han desplegado los distintos actores en la búsqueda por generar intervenciones más integradas, apuntando a un trabajo más transversal en el diseño e implementación de políticas. No se puede olvidar que los países del MERCOSUR aún tienen una ventana de oportunidades en término de bono demográfico para mejorar la calidad de vida de sus adolescentes y jóvenes en la actualidad y la promesa de un futuro más virtuoso para ellos y el resto del país. Por lo que es urgente fortalecer las nuevas perspectivas, de transversalidad e intergeneracionalidad, siempre que se tenga en claro que la decisión de dar alta prioridad al presente y, por lo tanto, al futuro de los jóvenes del MERCOSUR, es una decisión política, que no puede ser efectiva sin la continuidad a través del diseño de políticas sociales innvadoras. 

OIJ (2009). Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud 2009 –2015, disponible en:
http://www.oij.org/es_ES/plan-iberoamericano-de-cooperacion-e-intragracion-de-la-juventud