Brasil

En Brasil, las políticas públicas de juventud comenzaron a ocupar un lugar de mayor centralidad en la década de 1990, momento en el que se materializaron las primeras acciones federales dirigidas específicamente a jóvenes, estableciendo el inicio de casi tres décadas de acción estatal dirigida a esta población. Marcada por cambios en las estructuras productivas y reducción del Estado, así como la flexibilización de políticas de derechos y la intensificación de la violencia, esta primera década otorgó un lugar protagónico a las iglesias y las ONGs que llevaron adelante acciones para poblaciones “socialmente desfavorecidas” o en una situación de “riesgo”, entre las que se destacaban los jóvenes (Rodríguez, 2015; Lozzi, 2019).

De esta manera, empiezan a aparecer en agenda las demandas de las juventudes y la necesidad de disponer de políticas públicas que garanticen una respuesta. Inicialmente fueron los gobiernos municipales y estaduales los que concentraron esfuerzos sectoriales puntualmente dirigidos a la capacitación profesional, los servicios de salud, la cultura y el ocio. Simultáneamente, las primeras iniciativas en la construcción de alianzas entre el Estado y la sociedad civil se materializaron, a nivel local, en proyectos y programas para jóvenes (Caetano y Freira do Nascimento Azevedo, 2017) con enfoque territorial.

En 2003 emerge una implementación más sistemática de acciones y programas dirigidos a las juventudes. En 2004 se abre un proceso de diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales, que desemboca en la creación de un grupo interministerial vinculado a la Secretaría General de la Presidencia de la República (SGPR), compuesta por representantes de 19 ministerios, incluidos representantes del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) y otras secretarías, con el objetivo de hacer un diagnóstico completo de condiciones de vida de jóvenes brasileros y programas ya existente. En el diagnóstico, el grupo interministerial señaló algunos desafíos que deberían guiar la Política Nacional de Juventud. Un año después, en 2005, el marco legal e institucional del proyecto ya contaba con la creación de la Secretaría Nacional de Juventud (SNJ) y el Consejo Nacional de la Juventud (Ley Nº 11.129/2005), fundamentales para garantizar el cumplimiento de los derechos de la juventud identificados por el diagnóstico (Lozzi, 2019).