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Foto: Rynnard Alves Dias
Los cuatro países del MERCOSUR evidencian una preocupación creciente sobre la trata de personas, así como en torno al desarrollo e implementación de propuestas para combatirla y erradicarla.
El dinamismo y la intensidad de la movilidad en las áreas de frontera y, particularmente, en las ciudades gemelas, es bastante alta por lo que el cruce cotidiano de las fronteras internacionales es moneda corriente. Si bien en la gran mayoría de los casos la movilidad está vinculada a compras, uso de servicios de salud y educación en la ciudad espejo o sus proximidades (Oeyen, 2016), también se registran flujos migratorios regionales. En ocasiones, los desplazamientos vinculados a la migración internacional pueden estar asociados a situaciones que vulneran los derechos de estas poblaciones. Los migrantes en situación de vulnerabilidad devienen en las principales víctimas de trata de personas con finalidad de explotación sexual y laboral, entre otros riesgos que enfrentan.
En los últimos 15 años, el aumento de la visibilidad de la temática de la trata y la violencia ha impulsado la preocupación gubernamental en los países del MERCOSUR. Se registran varios intentos de conformar redes entre entidades públicas, privadas y organismos internacionales para el combate de la trata de personas*. A pesar de ello, la sistematización y análisis de información al respeto es escasa y poco desagregada. Es difícil contar con una estadística certera acerca de las realidades de adolescentes y jóvenes víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, ya que los registros se realizan mayormente a partir de las denuncias registradas en las diversas instituciones intervinientes. Estas no abarcan la totalidad de la problemática y presentan la dificultad adicional de una falta de armonización en la forma de registro. Según un informe del 2019 sobre Trata de Personas realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los cuatro países del MERCOSUR evidencian una preocupación creciente sobre el tema, así como el desarrollo e implementación de importantes propuestas para combatirla y erradicarla**.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el número de víctimas detectadas y reportadas ha ido en aumento, siendo más pronunciado en las Américas, que puede ser explicado no solamente por el aumento de la ocurrencia de la trata, sino por la mejora en la capacidad de detección, reporte y registro (UNODC, 2018). Una de las particularidades de América del Sur es que el 93% de las víctimas de trata fueron detectadas dentro de la misma región. En términos del perfil de las personas víctimas, la gran mayoría de las víctimas de trata detectadas (80%) son de sexo femenino, mujeres y niñas. Las mujeres jóvenes y adultas constituyen, por poco, una mayoría general de las víctimas detectadas (51%), mientras que las niñas representan una proporción significativa (31%). La mayoría de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual.
En 2016, estas víctimas representaron alrededor del 58% del total. Las víctimas de trabajo forzoso se encuentran en segundo lugar, afectando a todos los grupos de víctimas –mujeres, hombres, niñas y niños– en números muy similares. Argentina y Paraguay informaron una proporción particularmente grande de víctimas que habían sido objeto de trata para este propósito (alrededor del 50% en ambos países). Es importante mencionar que el colectivo de personas LGBTIQ+ también figura entre las víctimas de trata y explotación sexual, en mayor medida, jóvenes y adultos transgéneros (USA, 2019).
Una de las particularidades de América del Sur es que el 93% de las víctimas de trata fueron detectadas dentro de la misma región.
Las actividades de comercio ilícito y otras de carácter informal también son otra fuente de muertes violentas y se constituyen en atractivas debido a la falsa ilusión de ser trabajos fáciles y de gran rentabilidad, pensamiento compartido entre adolescentes y jóvenes, que sin mayor expectativa dejan sus estudios y hasta empleos formales para realizar actividades ilícitas. Rabossi (2013) explica que en los últimos 30 años la frontera trinacional conformada entre Argentina, Brasil y Paraguay y otros núcleos de ciudades gemelas se han colocado entre las prioridades en materia de seguridad nacional y regional. Según Nunes (2018), la cadena de tráfico y contrabando basa su estrategia en las pequeñas ciudades de frontera, en las que se recluta mayormente a jóvenes. Denominados “mulas”, en el lenguaje policial, estos jóvenes tragan las capsulas de droga o llevan las mercaderías en mochilas a pie adentrándose hasta 90km en la selva.
Según la autora, el mantenimiento de los flujos ilícitos y las disputas que esto acarrea entre las diversas organizaciones criminales, ha incrementado la violencia en la región, impactando en la cantidad de muertes violentas, mayormente causadas por armas de fuego. Según datos provenientes de un diagnóstico de homicidios realizado por el Ministerio de Justicia en Brasil en 2015, la tasa de homicidios en la Región Sur*** (14,36%) es más baja en comparación con el resto de Brasil (28,4%). Paraná tiene una tasa de 12,2 homicidios por cada 100 mil habitantes y Rio Grande do Sul tiene la tasa de homicidios más alta de la región de 19,9%. Respecto a las muertes por armas de fuego, la situación es más grave en Paraná (19,3%) que en Rio Grande do Sul (17,6%), lo que llevaría a pensar que existe una mayor circulación de armas en el estado de Paraná.
Históricamente, Argentina ha tenido índices de homicidio bajos, que no superan tasas del 7% por cada 100 mil habitantes. La tasa para el total país es del 5,1%, que supera las tasas de las dos provincias que albergan las ciudades gemelas estudiadas: Entre Ríos (Concordia), con una tasa del 5%, y Misiones (Posadas), con una tasa de 4,6% (Secretaría de Gestión Federal de la Seguridad, 2019).
En este punto, es necesario pensar políticas públicas focalizadas y específicas para aquellas ciudades gemelas de frontera que son mayormente objeto de la criminalidad transnacional. En este sentido, articular esfuerzos entre los gobiernos nacionales y subnacionales, especialmente con un enfoque en las y los jóvenes, para prevenir que caigan como víctimas de estas redes criminales transnacionales, es absolutamente clave para un aprovechamiento positivo del bono demográfico.
* Comisión Trinacional de Combate a la Explotación Sexual Comercial impulsada por un proyecto de la OIT que finalizó en 2006. Actualmente, un nuevo proyecto de la OIM apunta a fortalecer la Comisión Trinacional de Combate a la Explotación Sexual Comercial. Esta red está conformada por representantes de los tres sectores: privado, público y ONGS.
** Argentina concentró sus esfuerzos en el incremento de investigaciones, procesamientos y condenas, incluidas las de funcionarios y funcionarias cómplices. Como resultado, aumentó el número de víctimas identificadas. Una crítica es la falta de un presupuesto específico para un plan de acción nacional integral que incluya asistencia y acompañamiento a las víctimas. En 2018, Brasil inició un nuevo ciclo de combate a la trata de personas (ETP) con la elección de un nuevo grupo de representantes al Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CONATRAP) y la aprobación del 3º Plan Nacional de ETP y su financiamiento. También ha concentrado sus esfuerzos en investigación, condena de traficantes, identificando más víctimas de trabajo esclavo. En el caso de Paraguay, se cuenta con la Unidad Fiscal Especializada en Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil y Adolescente. El país registró crecimiento del número de víctimas asistidas y capacitación a más funcionarios trabajando en la lucha contra. Uruguay aprobó normas integrales contra la trata de personas, desarrolló un plan integral contra la trata de personas 2018-2020 y ha creado el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (CNTE ) a través de la Ley Nº 19.643, de julio del 2018, conformado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio
de Salud, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y representantes de las organizaciones de la sociedad civil de reconocida actuación en la materia.
*** Las regiones de Brasil son agrupaciones de las unidades federales (estados o distrito federal) en los que se divide la federación con el propósito de ayudar a las interpretaciones estadísticas, implantar sistemas de gestión de funciones públicas de interés común u orientar la aplicación de políticas públicas de los gobiernos federal y estatal. No existe, por lo tanto, ningún tipo de autonomía política de las regiones. La región Sur está conformada por los estados de Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina.
Oeyen, M. (2016). Mobilidade populacional em áreas de fronteira internacional: A configuração dos espaços de vida na fronteira Brasil-Paragua”. Tese de Doutorado em Demografia. Belo Horizonte, CEDEPLAR/ UFMG.
Rabossi, F. (2013). “Dinámicas económicas en la Triple Frontera (Brasil, Paraguay y Argentina)” en Carrión, F y Enriquez, F. (eds.). Dinámicas transfronterizas en América Latina: ¿de lo nacional a lo local? Quito, OLACCIF, FLACSO Sede Ecuador, Universidad Privada de Tacna, y Universidad de Tarapacá.
Secretaría de Gestión Federal de la Seguridad (2019). Informe Estadísticas Criminales en la República Argentina
– Año 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dirección del Sistema Nacional de Información Criminal.
UNODC (2018). Global Report onTrafficking in Persons. Viena.
USA (2019). Country Narratives. Washington D.C.: Departamento de Estado.