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El trabajo presentado por la paraguaya Angela Navarro en la Revista MERCOSUR de Políticas Sociales (RMPS), una de las ganadoras del I Premio MERCOSUR de Investigación en Ciencias Sociales, centra su foco en las condiciones de trabajo de la ciudad de Concepción, Paraguay, tomando en consideración los indicadores del aspecto de empleo propuestos por Ghai.

Navarro específica que los indicadores utilizados para identificar los derechos en el trabajo fueron: el tipo de empresa en el que trabaja, la remuneración percibida, la antigüedad, el reconocimiento de la antigüedad y la cantidad de horas desempeñadas. También se indagó sobre la tenencia de seguro social, la existencia del contrato escrito, la existencia de sindicato, la prevención de accidentes laborales y la existencia de un plan de jubilación. La información fue recolectada a través de cuestionario directamente a trabajadores.

La investigadora explica que la noción de trabajo decente está compuesta por los siguientes componentes: trabajo productivo, protección de derechos, ingresos adecuados y protección social. Estos componentes indican que toda persona que trabaja debe realizar un trabajo adecuado que le permita ser productivo, en el cual se le reconozcan sus derechos, como la antigüedad en el trabajo, la libertad de asociarse y manifestarse como parte de un colectivo social, además de obtener un pago justo por su trabajo.

Navarro tiene en cuenta que una de las principales características que actualmente presenta el sector laboral de Concepción es la abundante demanda de empleo por parte de jóvenes. Esto incluye a buscadores de primer empleo y profesionales universitarios. Agrega que, si bien la oferta de empleo en la ciudad va en aumento desde el año 2005, esto es debido a la apertura de sucursales de bancos, financieras y casas comerciales. Según ella, aún no se logra absorber toda la capacidad de mano de obra de la ciudad y la tasa de desempleo es bastante alta.

El estudio determinó que la problemática organizacional existente en Concepción se debe a que los trabajadores ocupados en el sector informal tienen acceso limitado a la seguridad social y perciben salarios bajos. De ese modo, se profundiza la desigualdad social. En cuanto al sector rural, la mayoría de los trabajadores se caracteriza por poseer poca formación académica, no todos poseen seguro social, casi nadie posee un plan jubilatorio y la gran mayoría gana incluso menos que el salario mínimo.

Sobre indígenas, se explica que existen 20 comunidades en la región y la labor desarrollada por la mayoría se centran en el sector rural, principalmente en estancias. En la ciudad laboran también como como vendedores de periódicos y otros tipos de empleo ambulantes.

Navarro manifiesta que la dificultad de conseguir empleo hace que los trabajadores acepten ciertas condiciones que vulneran sus derechos e incluso realicen trabajos forzosos, ya que no existe otra forma de sostener la economía familiar. Relata que en cuanto a denuncias laborales, estas son pocas ya que una denuncia haría que el trabajador se exponga a restricciones de entrada a otras empresas por malas referencias.

La investigadora indaga sobre las atenciones que reciben los trabajadores en caso de accidentes laborales y estos manifiestan que son derivados o tratados en su mayoría en hospitales públicos, aunque un pequeño número manifestó que posee un seguro privado por asociación, como en el caso de personas que trabajan en bancos y entidades financieras.

Navarro concluye su estudio exponiendo que la mayoría de los trabajadores que se emplean en el sector comercial trabaja más de 8 horas diarias y que perciben salario mínimo e incluso menos de eso, no poseen un contrato laboral por escrito, no están asegurados al seguro social IPS o a un seguro social privado.

Según el estudio presentado se reveló que en la ciudad de Concepción las condiciones de trabajo distan de lo ideal y no corresponden al «trabajo decente» ya que existe incumplimiento a las leyes que protegen los derechos del trabajador, precariedad en ciertos sectores y desinformación por parte de los propios trabajadores que laboran en el sector comercial.


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– El texto no representa la opinión del Instituto Social del MERCOSUR


 





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